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Llevamos mucho tiempo, demasiado, esperando el cambio efectivo de competencias en la formación profesional. Esta política activa que pertenecía al negociado de Empleo, ha pasado a la Consejería de Educación. Al día siguiente de la toma de posesión del presidente de la Junta, el BOJA anunciaba con letra impresa el cambio pero los hechos no están arropando lo que el boletín anunciaba.

En estos momentos existe un tira y afloja muy importante entre ambas Consejerías dado que Empleo acumulaba una deuda muy importante con los centros colaboradores y con algunos alumnos en concepto de becas, y, Educación, quiere las competencias pero con toda las deudas liquidadas de manera que, empezando de cero, pueda programar la formación que estime oportuno.

Más que nunca, los desempleados necesitan formarse para actualizar su demanda de empleo y no tienen posibilidades de hacerlo de manera gratuita. Los centros formadores no tienen nada que ofrecer al mercado laboral y a sus clientes y además la morosidad en los pagos de la Junta de Andalucía hace que muchos de ellos estén en riesgo de cierre y quiebra.

Sea como fuere, la formación profesional para el empleo ha sido una política que ha garantizado un porcentaje de inserción profesional que ronda el 40% de media anual desde sus inicios por lo que es una herramienta de gran valor para la creación de empleo y la competitividad de nuestras empresas.

Es urgente que las consejerías se pongan de acuerdo, salga una nueva convocatoria, los centros colaboradores puedan trabajar con seguridad jurídica y los desempleados de Andalucía puedan formarse en las especialidades que demanda el mercado. Si esto no se produce, si esto no se produce ya, estamos condenados, una vez más, a una lenta agonía.